En 2010 y 2011, la democracia guatemalteca experimentó procesos en que dificultaron la gobernabilidad. Ambos años representaron la segunda parte del gobierno presidido por el Ingeniero Álvaro Colom. La expectativa inicial del gobierno de supuesta orientación socialdemócrata pasó a rápido debilitamiento. Los programas sociales, inicialmente la punta de lanza de su gestión, dieron paso a su uso clientelar. El interés de la ex primera dama en participar en las elecciones de finales de 2011 y el posterior “divorcio presidencial” supuso un mayor grado de desgaste y pérdida de credibilidad del gobierno. El adelanto del proceso electoral, la debilidad del Tribunal Supremo Electoral TSE, la continuidad del frágil sistema de partidos políticos, el excesivo y opaco financiamiento privado electoral vinculado, en gran parte, al crimen organizado, generaron un proceso electoral paradigmático. Las opciones partidarias representaron un espectro reducido, conservador y dominado por opciones autoritarias. A nivel económico, a pesar de que el país no estuvo afectado por los efectos de la crisis económica mundial, el debilitamiento en el manejo de las finanzas públicas, el aumento de la deuda pública a niveles nunca antes conocidos y las consecuencias de la serie de desastres naturales ocurridos anualmente como consecuencia del cambio climático, generaron un escenario complejo con serias
consecuencias para los siguientes gobiernos. Los niveles de criminalidad y violencia se mantuvieron altos, solo por debajo de Honduras y El Salvador. La presencia de las redes del crimen organizado y en particular del narcotráfico se generalizaron por todo el país. Las elecciones 2011 se desarrollaron en un clima de debilidad de la institucionalidad electoral, altos niveles de violencia electoral y una lucha entre carteles por el control territorial, destacando el avance de los Zetas.