En el contexto de pobre desempeño económico del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la militarización de su administración, las fisuras entre el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su base electoral se ampliaron. La crisis económica y la inseguridad crónica aceleraron la migración. La oposición reanudó las estrategias de protesta violenta como respuesta a un poder ejecutivo que continuó desestimando a una legislatura controlada por la oposición. Las divisiones dentro de la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sobre las estrategias para remover al gobierno evitaron que la oposición aprovechara el escenario de descontento social. La brecha entre los partidos que apoyan el camino electoral y aquellos actores con propuestas más radicales que presionan para el derrocamiento del gobierno se replicó entre actores externos, cuyas intervenciones terminaron por agravar las tensiones políticas en vez de aliviarlas.